Sobre la resolución de fiscalidad de la formación médica continuada

 

La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) en relación con la nota de la Agencia Tributaria sobre tributación, por parte del personal sanitario, de los gastos abonados por las compañías farmacéuticas y de tecnologías sanitarias para la asistencia a los congresos y conferencias, expone las siguientes consideraciones:

1.ª La formación continuada y actualización de los conocimientos que garanticen la mejor asistencia posible para los pacientes es una obligación ética y exigible jurídicamente para los médicos, pero también para la Administración del Sistema Nacional de Salud (SNS) (Gobierno Central y CCAA), la cual tiene la obligación de proporcionar los medios necesarios para promover dichas actividades formativas, tal y como recoge la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento.

 

2.ª Los organismos dependientes de la Administración del Estado nunca han asumido su responsabilidad como garantes de la necesaria formación continuada de sus profesionales que asegure una asistencia sanitaria de calidad, habiendo ocupado la industria biosanitaria esa representatividad, al sufragar en la mayoría de las ocasiones, cuando no salían de los propios bolsillos de los profesionales del SNS ya mal remunerados, los gastos derivados de la asistencia a tales eventos formativos, la mayoría de las veces organizados por las distintas sociedades científicas y otras instituciones depositarias del conocimiento médico (universidades) o de la defensa de este colectivo (colegios y asociaciones profesionales).

 

3.ª Gracias a estos programas formativos y su financiación casi exclusiva por la industria biosanitaria los ciudadanos españoles gozan de uno de los mejores sistemas de salud del mundo, del cual la Administración se jacta, con niveles máximos de prestación sanitaria, calidad asistencial y unos profesionales altamente cualificados a través del sistema MIR y la posterior formación continuada a lo largo de su carrera profesional.

 

4.ª La organización de dichas actividades formativas implica un gasto económico considerable e inviable para la mayoría de los médicos del sistema público de salud, ya de por sí mal remunerados con relación a otros países de la Unión Europea. Ello ha provocado un clima de rechazo e insatisfacción a la vez que preocupación generalizada ante esta decisión del Ministerio de Hacienda a través de su titular, Cristóbal Montoro, según la cual los médicos tendrán que tributar, en su declaración de hacienda, por todas las actividades formativas que reciban financiadas por la industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias. No obstante, las Administraciones del Estado no ofrecen un plan formativo alternativo, lo que ha reabierto el debate y la confrontación entre los diferentes grupos parlamentarios.

 

5.ª La nueva regulación adoptada, sin un plan de formación continuada, a cargo de la Administración, hace vislumbrar un panorama sombrío y desmoralizador para los médicos, especialmente para los más jóvenes, que recién finalizado su periodo de residencia persistirán en el éxodo y la fuga de talentos tras los cuantiosos recursos que su formación ha consumido de las arcas del Estado. El resultado es un gasto «en vacío» sin retorno para España y el beneficio profesional para otros países con mejor organización, perspectivas, reconocimiento, trato y correspondencia de los responsables políticos de la Administración a sus médicos y profesionales sanitarios.

 

6.ª Desde la SEO también pensamos que la decisión unilateral y arbitraria de la patronal de la industria farmacéutica (Farmaindustria) en atribuir los gastos formativos a los médicos, haciendo públicos sus datos personales, en aras del cumplimiento de códigos éticos y de transparencia, ha sido la gran responsable de esta resolución. De igual modo que se ha pronunciado la Sociedad Española de Cardiología, para nosotros: «esta decisión supone, en nuestra opinión, y además de la repercusión tributaria ya comentada, un atentado a la intimidad y a los derechos individuales de los médicos».

 

7.ª Las consecuencias de todo ello van a derivar en la interrupción de una gran parte de los congresos y cursos, que actualmente contribuyen con éxito al progreso de la ciencia y al avance en el conocimiento de las diferentes enfermedades que afectan a la población. Este nuevo escenario formativo, junto a la inexistencia del desarrollo de una carrera profesional y a unas desfavorables condiciones retributivas, los médicos quedan situados en una posición muy delicada para afrontar su actividad profesional con las garantías necesarias que proporcionen una asistencia segura y de calidad, con el riesgo de comprometer la salud de los ciudadanos. Y todo ello, sin perjuicio del incremento en el número de demandas judiciales por mala praxis, la disminución de la inversión por parte de las compañías farmacéuticas, compañías de tecnologías sanitarias y otras empresas privadas relacionadas, y en definitiva, del aumento del gasto y empobrecimiento progresivo del sector sanitario.

 

Por todas estas consideraciones suscribimos la totalidad de las proposiciones efectuadas por la Sociedad Española de Cardiología en comunicado oficial a sus socios, de fecha 25 de mayo de 2017, y añadimos dos nuevas (6 y 7):

 

1. Pedimos a la Agencia Tributaria y al Ministerio de Hacienda la rectificación de esta medida injusta y nociva para los profesionales y para los pacientes.

 

2. Solicitamos al Ministerio de Sanidad que asuma sus responsabilidades en la formación de los profesionales del SNS y que inste a un cambio la normativa tributaria para que los gastos en formación médica no sean considerados como ingresos en especie ni sujetos a tributación. 

 

3. Exigimos a Farmaindustria que retire su imposición, unilateral y lesiva contra el derecho a la intimidad de los médicos, y como se ha visto, para la formación médica continuada, de este apartado de su código ético de publicación individualizada y nominal de aportaciones en gastos de formación.

 

4. Solicitamos a todas las sociedades científicas médicas de nuestro país, a su federación (FACME), a la Organización Médica Colegial y a todos los organismos participantes en el Foro de la Profesión Médica, su apoyo en estas medidas, así como la toma de decisiones que las hagan posibles.

 

5. Pedimos a los pacientes, a sus asociaciones y a toda la sociedad española en general que respalden estas iniciativas de sus médicos, representados en las sociedades científicas, cuyo primer y principal objetivo es garantizar la mejor y más actualizada atención de nuestros enfermos.

 

6. Recordamos a la Administración que los médicos y profesionales sanitarios somos un colectivo con vocación de servicio a la sociedad – al igual que las fuerzas de seguridad del estado, maestros y educadores, jueces o militares – y que específicamente somos los responsables de la prevención, cuidado y mantenimiento de la salud de los ciudadanos, funciones necesarias para el desarrollo del estado de bienestar, el aumento de la esperanza de vida y del progreso de una nación. No permitiremos que la Administración nos maltrate con nuevas muestras de acoso, ofensa o ensañamiento hacia la profesión médica. No se trata únicamente de tributación por las transferencias de valor, ausencia de carrera profesional, planes estratégicos o de adversas condiciones laborales y retributivas, se trata de recuperar la dignidad de nuestra profesión y el peso específico que le corresponde en nuestra sociedad.

 

7. Por último, recordamos también que los médicos somos los aliados de los pacientes, esa es nuestra vocación. No merecemos este trato ni ellos lo merecen mermando nuestro acceso al conocimiento. Nuestras señas de identidad y culto son exclusivamente los pacientes, a los que nos debemos y entregamos.

 

Junta Directiva de la Sociedad Española de Oftalmología